La Fiscalía de Las Palmas, chapoteando en el fango

A la hora de redactar este comentario todavía no había dimitido el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales, tras la contundente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que declaraba vulnerados dos derechos fundamentales de la diputada de Podemos Victoria Rosell. Es su salida más digna tratándose de un funcionario que dirige un órgano del Estado llamado estatutariamente a la defensa de la legalidad, de los derechos fundamentales y de la independencia judicial. Ni fue legal su actuación en las diligencias preprocesales penales que abrió a la magistrada en excedencia durante la campaña electoral de diciembre ni preservó sus derechos fundamentales, ni respetó la independencia judicial, lo que lo convierte directamente en un servidor público situado completamente al margen de la legalidad vigente. Y no lo digo yo, válgame el cielo, que el fin y al cabo fui en esas preprocesales perjudicado y víctima indirecta de un abuso flagrante de autoridad y de utilización sectaria y sesgada de las instituciones del Estado. Lo dice la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha sentenciado que el señor Panasco y su secuaz Evangelina Río vulneraron flagrantemente los derechos de la persona que investigaban sin ser ni siquiera competentes para hacerlo. Les animo a que se lean la sentencia –sólo tiene quince folios, muy suculentos- para que comprueben en manos de quién está el Ministerio Público en la provincia de Las Palmas: un sectario que perdió completamente la perspectiva cegado por el afán de truncar la carrera política de la número uno de Podemos y acabar con la carrera profesional como magistrada de quien siempre plantó cara a los corruptos y presuntos corruptos, incluida la esposa del fiscal jefe de Las Palmas, la hoy directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Lourdes Quesada, nombrada por el PSOE, que estuvo envuelta en un oscuro concurso millonario de hemodiálisis de cuyas diligencias penales se libró, precisamente, por la Fiscalía. Al PSOE pertenece también como militante y referente de la historiografía de Juan Negrín Eligio Hernández, abogado voluntario de José Manuel Soria para interponer querella ante el Supremo por varios delitos contra la misma magistrada en excedencia, basándose casualmente en las mismas diligencias preprocesales que el TSJC ha declarado nulas por la vulneración de derechos fundamentales tan vinculados con delitos como son el del derecho a la defensa (casi nada) y el de acceder a cargo público en condiciones de igualdad, la antesala del delito electoral. Tic-tac, tic-tac, no pasa nada.

 

 

 

Esto “también es corrupción”

Lo dijo Mariano Rajoy el pasado viernes desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados imprecando al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez: utilizar las instituciones del Estado en beneficio propio “también es delito”. El “también” tiene las connotaciones propias de quien se sabe manto protector de todos los delitos por corrupción presentes en el Código Penal y en su propio partido, el PP, en el que empezamos por contar con los dedos de una mano a los corruptos y ya estamos en la fase de búsqueda de los que queden honrados. A ese partido manifiestamente ilegal, casi como Batasuna (organización criminal), pertenece el autor intelectual de estas diligencias preprocesales de la Fiscalía de Las Palmas que amenazan con acabar con la brillante carrera (perdón por lo de carrera) de su fiscal jefe y de una de sus discípulas más disciplinadas, Guillermo García-Panasco y Evangelina Ríos, respectivamente. Porque detrás de toda esta confabulación declarada ilegal y ajena al ordenamiento constitucional por el TSJC no hay otro que José Manuel Soria López, ministro de Información y Turismo del Gobierno de Mariano Rajoy, el único poseedor del contrato mercantil que la fiscala Ríos recibió, en forma de casual anónimo, para dar comienzo a unas diligencias que la arrojan, tras esta sentencia, a la deshonrosa posición de alférez de Torquemada encargada de hacer el trabajo sucio en nombre de sus superiores o personajes públicos que se agachan. Cierto es que la señora Ríos no ha ocultado nunca, ni en el foro informalmente ni en las instancias oficiales sobre su firma, su animadversión personal por la magistrada Rosell, pero de ahí a traspasar las barreras de la legalidad va un paso abismal que debiera cuidar si piensa continuar en la carrera fiscal. Lo cierto es que a día de hoy ha pasado al terreno de lo ignoto dónde está el sobre a su nombre que un avisado anónimo le envió a su despacho conteniendo un contrato en el que aparece estampada mi firma junto a la del director general de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñayo, que todavía está flipando con el interrogatorio que tan aguerrida fiscala le hizo en los albores de la pasada campaña electoral.

 

Se jodió la querella política de Eligio

Porque a ese contrato de fecha 26 de octubre, pacientes lectores, sólo tuvo acceso el señor ministro de Información y Turismo, José Manuel Soria, al reclamarlo con los modales acostumbrados a la UD Las Palmas por considerar que con él se daba un respiro económico al periódico que ha sido para él una pesadilla estos últimos quince años, Canarias Ahora. Cómo pasa el tiempo, oye. Eligio Hernández, que se postula junto a otras figuras del PSOE como José Luis Corcuera como insignia, cofrade y reliquia del verdadero socialismo y cierra España, verá en esta sentencia del TSJC un contubernio judeo-masónico inspirado por los jueces justicieros contra la querella que él, en nombre de José Manuel Soria, se ha atrevido interponer ante el Tribunal Supremo contra la muy mencionada jueza Rosell por una sucesión de delitos y delirios sólo posibles en su mente abstracta y vengativa. No perdona a la magistrada en excedencia que tratara como presuntos delincuentes –por ejemplo- al matrimonio de empresarios de las medianías de Gran Canaria que explotaban en régimen de esclavitud a un marroquí que perdió la funcionalidad de sus testículos y la capacidad sexual en un accidente laboral que los clientes del Pollo del Pinar quisieron camuflar como lance durante un partido de fútbol. A Soria debió decirle Eligio lo mismo que repite recurrentemente a sus ansiados y ansiosos clientes: déjenme a mí que yo conozco al juez, al presidente de la Sala o al del tribunal y ya verán cómo les consigo la absolución. Efectivamente, Eligio Hernández conoce perfectamente al presidente de la Sección Segunda del Supremo, Manuel Marchena, que saltó a Madrid de la mano del que fuera fiscal (nulo) general del Estado en los tiempos gloriosos de Felipe González. Y ahí ha recaído, fíjate tú, la querella de Soria, con un problemilla adicional: está fundamentada en las diligencias preprocesales que este martes ha declarado nulas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Veremos cómo se las apaña ahora el Pollo del Pinar, patoso hasta para hacer copia y pega de las delirantes afirmaciones del magistrado Salvador Alba. Pero ésa es otra historia que ya les contaré cuando sea procesalmente relevante. ¿Todavía no ha dimitido Panasco?