Probablemente no aprenda nunca la lección el general Martínez, jefe de la Guardia Civil en Canarias, porque ya se sabe que a partir de determinadas edades nos ponemos muy majaderos, y si se tiene mando en plaza, ni te cuento. Pero debería recapacitar un poquito nuestro querido general de División al enfrentarse al auto que este lunes notificó a las partes el juez Tomás Martín, instructor de la querella por detención ilegal formulada por la esposa de otro general, el del Ejército de Tierra Francisco Martín Alonso. Y debería meditar para, a ser posible, concluir que en los tiempos que corren no se puede poner negro sobre blanco lo primero que te venga a la cabeza, probablemente en un momento de ardor de estómago, para censurar penosamente lo que hizo un inspector jefe de la Policía Nacional, y una fiscal y una juez que acabaron firmando una sentencia de conformidad ajustada a la ley y a las circunstancias del delito que tenían delante de sus narices. Ambos generales, dicho sea con el respeto debido, deben alejarse de esos correveidiles expulsados del CNI que no dan un palo al agua y que se dedican al chisme chusco y mal traído. Porque esos impostores se esconden y no terminan respondiendo, por ejemplo, de esas diligencias que el juez ha pedido que se abran al general por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia. Que no sabemos si tendrán recorrido pero, de entrada, suenan fatal si se es el jefe de la Policía Judicial del benemérito cuerpo.