La procuradora del empresario que pugnaba contra el Gobierno, del que era vicepresidente José Manuel Soria, era María del Carmen Benítez, y uno de los abogados del empresario, José Miguel Bravo de Laguna, actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, por el PP. Resultó siempre muy llamativo el papel que desempeñó en este pleito la familia Soria, porque siendo José Manuel el vicepresidente y consejero de Hacienda, Paulino Rivero lo desautorizó públicamente al descubrir una sospechosa querencia a pagar los 102 millones sin plantear batalla en los tribunales. Esa desidia podría tener sus explicaciones, y no solo por la presencia de la señora Benítez facturando al empresario reclamante. También participó en el procedimiento Luis Soria, hermano de José Manuel y cuñado de Mari Carmen, que por negligencia en su etapa de consejero de Industria, permitió que el expediente de Tebeto se cargara en favor del empresario Rafael Bittini. Para rematar esta sucesión de casualidades, o mejor dicho, de familiaridades, anoten que el perito judicial que aportó ante el juez una valoración de más de 100 millones de euros era otro pariente de los Soria. Su nombre, Antonio López Pérez, tío de José Manuel y Luis Soria López. El Tribunal Supremo frustró las apetencias del empresario Bittini, y Paulino Rivero se apuntó un tanto judicial y moral porque vencía ante unas pretensiones torcidas ahorrando un dineral a los canarios y porque derrotaba en casa a su propio vicepresidente.