Porque dice el Código de Buenas Prácticas del PP (versión 2009 todavía no enmendada ni abolida) en su apartado 1, dedicado a los “Principios Generales”, que “los cargos públicos” (?) “no influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar o social”. Y en el párrafo siguiente: “Asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de incompatibilidades previsto en las leyes, no dedicándose, por si ni por persona interpuesta, a actividades que puedan vulnerarlo”. Pues bien, nuestro estirado y estricto diputado ha incumplido ampliamente estos dos preceptos al haber ejercido la influencia, el enchufe, el vulgar trapicheo para que una empresa pudiera hacer negocio en la ciudad de Telde por el camino más corto. Y a cambio, según se descubrió en la instrucción, cobrando dinero, inicialmente y acreditado, en blanco, y según el denunciante, algunas veces en negro. Y todo ello lo hizo saltándose el régimen de incompatibilidades al que estaba obligado por ser diputado cobrando exclusividad del Parlamento canario, donde percibía a su vez un plus por ser portavoz del Grupo Popular, lo que le daba también derecho a coche oficial y despacho de alto standing. Luego está su expulsión del PP canario, a la que debería estar sujeto desde el pasado viernes, día en que la magistrada Bellini decretó la apertura de juicio oral. Las resoluciones del XIII Congreso Regional así lo mandatan, a caballo entre la sentencia firme, que tarda décadas en llegar, y la condición de imputado, que en rigor solo significa que se te está investigando. Pero no, no lo expulsarán. Ya salió ayer Asier Antona pidiendo que se marche Paulino Rivero, del que nunca se ha conocido imputación penal, que nosotros sepamos.