Las aportaciones al Consorcio de Emergencias provienen en su mayor parte del Cabildo, pero también inyectan dinero el Gobierno de Canarias y los diecinueve municipios que se benefician de los servicios de este órgano, cada uno en función de su población. Pero resulta que la ley no obliga a los municipios de menos de 20.000 habitantes a prestar este tipo de servicios, por lo que muchos de los alcaldes se están planteando muy seriamente dejar de aportar las cantidades que tienen comprometidas y dedicarlas a otras emergencias, básicamente sociales, en lugar de seguir contribuyendo a las horas extraordinarias de los bomberos, algunos de los cuales se permiten vivir en la Península y venir a trabajar cuando toca turno o, en un descaro intolerable, cubrir la baja de un compañero de manera rotatoria. Para estudiar las posibles salidas, tanto la Federación de Municipios, la Fecam, como el Cabildo, han encargado sendos informes a expertos en la materia para conocer el alcance y las consecuencias de una posible disolución del consorcio, y que cada municipio asuma las responsabilidades de seguridad y emergencias que tenga que asumir. Sin conocer el contenido de esos informes, aún en elaboración, ya es posible concluir que sobrarían bomberos, porque son muy pocos los ayuntamientos obligados a tener un servicio así. De entrada, el tamaño de futuras pitadas se reduciría considerablemente. Algo es algo.