Como habrán podido colegir de inmediato, nos encontramos ante el nada sutil intento de una empresa de seguridad de sustituir a otra en un contrato que teóricamente estaba hecho para ella. Porque Seguribérica, efectivamente, prestaba ese servicio a la Universidad hasta hace dos años, pero una cláusula envenenada hizo que quedara fuera de un concurso que había ganado. El autor de esa cláusula, el jefe de seguridad, Pancho Rosales, ya no sabe qué hacer para devolver el contrato al anterior proveedor, desde inflamar un informe de deficiencias en el servicio hasta propiciar situaciones incómodas para el rectorado. Porque muy incómodo tiene que ser que una institución tan respetable como una Universidad pueda ser objeto de una denuncia de una trabajadora de seguridad por haber sido sometida a un interrogatorio sumarísimo sin la menor garantía para su defensa y para su dignidad. Uno de los presuntos participantes en ese interrogatorio, el jefe del Servicio de Inspección, ha presentado su dimisión ante el rector, que se la ha aceptado gustosamente. Se enfrenta a una denuncia muy comprometedora por hacer lo que no se debe hacer. Mientras, el jefe de seguridad, Pancho Rosales, es visto hace cosa de un mes en dependencias de la Universidad reunido con los representantes de Seguribérica en Las Palmas.