El otro ojito derecho que estaba en un cargo de altísima responsabilidad en la Consejería de Economía y Hacienda y que intervino directamente en la gestión del aval a Vanyera fue el secretario general técnico, que a la sazón era Martín Muñoz García de la Borbolla, en la actualidad concejal de Ordenación Territorial, Urbanismo, Vivienda y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde gobierna el Partido Popular. Muñoz García de la Borbolla es una de esas personas con un currículo brillante que tanto encandilan a Soria para poder presumir de rodearse de un equipo de tecnócratas incapaces de dejarse contagiar por cualquier tentación o propensión a la trapisonda. Ambos altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda fueron puestos allí por José Manuel Soria. Eran personas de su máxima confianza y ambos tuvieron participación directa en la gestión del aval a la empresa Vanyera3. Por lo tanto, ya tenemos cuatro altos cargos investigados en estos momentos por su participación en este quebranto patrimonial a la Comunidad Autónoma de Canarias, un quebranto de 5,2 millones de euros que no es de 6 millones porque se ha conseguido al menos reducir los intereses y costas judiciales. Recuerden a Hernández Bento, Enrique, cuando se permitió desde su puesto de interventor general de la Comunidad Autónoma publicar un durísimo artículo contra el que entonces era presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, hoy vicepresidente del Gobierno que precisamente investiga su gestión en aquel destino político. Entre otras lindezas, Bento llamó ignorante al dirigente socialista por haber criticado la “desastrosa situación de gestión de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias” y el “caos informático” generado por este equipo de responsables que ahora son investigados precisamente por su desastrosa gestión con resultado de quebranto para las arcas públicas.