Manuel Fernández, secretario general del PP canario, ha venido compatibilizando durante muchos años, treinta para ser más precisos, su puesto de consejero delegado de Anfi del Mar con los distintos cargos políticos que ha desempeñado en la Comunidad Autónoma de Canarias. El último contrato que le unía a esa empresa, propiedad al 50% de Santana Cazorla y de los herederos de Björn Lyng, le obligaba a representarla ante las instituciones públicas en todas aquellas materias de contratación, proyectos y licencias urbanísticas de su interés. Por ese servicio, por supuesto, cobra unas importantes cantidades de dinero. Mucho más modestos fueron los pagos que recibió Jorge Rodríguez Pérez, ex portavoz parlamentario del PP, por introducir ante los ayuntamientos canarios gobernados por el PP a la empresa madrileña Grupo Europa. Rodríguez compatibilizó su cargo de parlamentario y su fuerte influencia como directivo del PP canario (mano derecha de Soria en aquel entonces) para imponer esa empresa en municipios como Mogán y Telde, cobrando a cambio las correspondientes comisiones. La empresa está implicada en casos de corrupción en esos municipios y Jorge Rodríguez se sentará en el banquillo por el tráfico de influencias que supuestamente ejerció. Y que Soria siga diciendo sandeces en los medios nacionales.