Hay que ver lo que puede enseñarnos una sentencia judicial, aunque sea del procedimiento mercantil. El Boletín Oficial de Canarias publicaba el pasado lunes, 7 de mayo, una sentencia en la que aparecía como demandado un ex alto cargo de la sanidad canaria, en concreto José María Casañas Cullen, José Casañas para el mundo político tinerfeño, que es donde ejerce, actualmente como consejero del Cabildo en la oposición. Resulta que en la tal sentencia se ratifica otra de 2010 por la que se condenaba al señor Casañas y a otros a pagar a una empresa una significativa suma de dinero, 8,500 euros, en concepto de una deuda contraída por la mercantil en la que el mentado Casañas fue administrador. Hasta ahí, nada que no pertenezca al mundo normal de las transacciones comerciales, donde unos ganan, otros pierden y otros empatan. La curiosidad salta al verificar la actividad a la que se dedica la mercantil de la que en aquel entonces ya era administrador el condenado, Cliniten, S.L. Como su propio nombre induce a pensar, se trata de una empresa dedicada a la explotación de clínicas privadas, mayormente en dos municipios del sur de Tenerife. Por lo tanto, nos encontramos ante otro caso de manifiesta incompatibilidad política y/o empresarial: no se puede ser empresario del mundo sanitario y ocupar, como hacía Casañas justo por aquellas fechas, el cargo de director del Área de Salud de Tenerife, dependiente de la Consejería de Sanidad, en manos de su partido, el PP.