Para que no faltara de nada en esta rocambolesca historia judicial y política del caso Las Teresitas, este jueves se produjo la confirmación pública de que los dos empresarios que sostuvieron con tanto sacrificio a la empresa Inversiones Las Teresitas (Antonio Plasencia e Ignacio González) han demandado al Ayuntamiento de Santa Cruz en la jurisdicción contencioso-administrativa para que la institución les pague lo que ellos considera que les corresponde, esto es, unos derechos urbanísticos sobre la pieza de suelo que jamás pudieron urbanizar. Se han hecho los señores González y Plasencia con los servicios de un reputado catedrático catalán, que seguramente les habrá soplado una considerable cantidad de pasta y que, de haber sido completamente honrado, les habrá comunicado que lo único que van a conseguir con esta nueva acción judicial es retrasar el momento sublime en el que tendrán que devolver los dineros al Ayuntamiento a cambio de los riscos. El equipo de juristas que dirige Julio Pérez en el Ayuntamiento guarda silencio acerca de la estrategia a seguir para contestar esa demanda, pero por lo que ha trascendido, entre las contundente jurisprudencia del Supremo, la sentencia de ese alto tribunal ad hoc y la ley de la moratoria turística de Canarias, los argumentos en contra parecen algo más que sólidos.