Pero no sólo es este abogado de la capital el que se vio obligado a acudir a la Policía (aunque no llegó a formalizar denuncia alguna). A sus quejas siguieron dos empresarios, la dueña de Servicios Comunitarios de Telde, S.L. (nombre desvelado este domingo por La Provincia), de nombre Mariluz, y otro empresario más que ha denunciado irregularidades en la Concejalía de Urbanismo. A partir de estas dos denuncias se pusieron en marcha las investigaciones que, de momento, han dado lugar a 25 imputaciones, exclusivamente relacionadas con las actuaciones referidas al entorno de Toñi Torres. Faltan ahora las derivaciones surgidas de las investigaciones urbanísticas, radicadas en otro juzgado de la ciudad de Telde, y que producirán efectos en fechas aún por determinar. Y de la trama principal, la de Gordillo-Torres, hay piezas separadas hacia otros juzgados por escuchas y documentación incautada durante todos estos meses de trabajo. Así que calma y tabaco, que esto no ha hecho más que empezar.