Ese “urbanismo fallido del PP”, como se recoge en las conclusiones de esa investigación político-administrativa, vuelve ahora a recuperar fuelle gracias al Supremo, cuya sentencia ha dado lugar a interpretaciones variadas, todas ellas a favor de la constructora, Realia, que al igual que el alcalde Cardona, ha decidido tomarse su tiempo antes de decidir qué hacer: si reactivar la licencia y acabar las dos torres y, acto seguido, comerse con papas todas esas viviendas de alto estanding y locales comerciales de postín en una zona no precisamente boyante de la ciudad, o si pedir daños y perjuicios, seguramente a la asociación de vecinos de Ciudad Alta, que fue la que promovió las acciones judiciales en defensa del interés general que el Ayuntamiento se ha negado a proteger. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el Supremo ha dado por bueno el Plan Parcial del Canódromo anulado por el TSJC por defectos formales. Pero ha instado a la Sala de lo Contencioso Administrativo canaria a que vuelva a poner una sentencia hilando un poco más fino, lo que obligará a sus señorías a revisarlo todo nuevamente con lupa y comprobar si, además de los formalismos soslayados, aparece otra irregularidad que le permita al menos salvar los muebles. Pero para eso será necesario que las partes, especialmente los vecinos de Schamann, reclamen la práctica de nuevas pruebas y argumenten, entre otras cosas, lo que fijaron los expertos consultados por la comisión de investigación: que las valoraciones se inflaron para propiciar una operación imposible y contraria al interés general.