No haría bien Juan Fernando López Aguilar en abandonar el Ministerio de Justicia sin dejar rematado uno de sus retos mayores, el de dotar a determinados tribunales superiores de fiscales para la lucha contra la corrupción. Ha creado unos cuantos, es cierto, y todos nos alegramos bastante cuando nos enteramos de que para Canarias se asignaban dos plazas de esta naturelaza. Pero el tiempo ha transcurrido y nuestro gozo (y el de miles de ciudadanos) en un pozo. En el caso del fiscal de Las Palmas, Luis del Río, carece de los medios humanos y técnicos más elementales para poder desarrollar su trabajo con la suficiente diligencia y eficacia. Dispone de una auxiliar que, encima, ha de compartir con otro compañero fiscal y sus posibilidades de intervenir de modo efectivo en las investigaciones está bastante limitado.