Evacuadas las correspondientes consultas, nos indican que no es ilegal que un Gobierno autonómico pase ampliamente de publicar sus concursos en su correspondiente boletín oficial, que obligados, lo que se dice obligados, lo están de hacerlo en el BOE y, a partir de determinadas cuantías, en el Diario Oficial de De eso parece haberse cuidado Promotor y su presidenta, Rita Martín. Pero, ¿cómo puede explicar un Gobierno nacionalista que una de sus más gastonas empresas públicas no publique sus licitaciones en el diario oficial de la comunidad? ¿Trabaja realmente ese Gobierno para “nuestra gente” o solamente para “su gente” mayormente radicada allende los mares, donde se consulta prioritariamente el BOE? ¿Es el BOE la excusa para otorgar legalidad a las actuaciones y no tener que soportar más pleitos judiciales? Si no fuera obligado el BOE y la transparencia que obliga , ¿publicaría algo de sus concursos la empresa pública Promotor?