Además de haberse instalado por su cuenta en lo político, Pepa y Soria tratan de transmitir a la ciudadanía que ellos dos solitos se bastan para llevar a cabo un proyecto que ya está muerto y enterrado, por la gracia de la ley, que a veces es muy graciosa. Saben que no basta su voluntad si no consiguen liderar entre los dos un proceso en el que se implique el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento, vía Autoridad Portuaria. Pero aún peor, luchan contra su manifiesta incapacidad política para poder sacar adelante lo que la ley les manda. Y en el caso de la adaptación del Plan Insular a la Ley de Directrices, se podría hablar de tres meses de plazo si la tramitación para su aprobación empezara mañana mismo. Si no, casi diríamos que nos colocamos en los albores de las elecciones municipales de 2007. Porque hace tiempo que dejamos de creer en la milagrosa diligencia administrativa canaria.