La noticia era un clamor acallado por el miedo al sector del taxi. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sufrido una histórica parálisis a la hora de actuar contra las irregularidades que se vienen produciendo desde hace décadas en esa actividad imposible de regular. Su incomprensible influencia ha impedido implantar el día de descanso, la uniformidad, la calidad en el servicio? lo que ha desembocado necesariamente en la impunidad y en las irregularidades (y los presuntos delitos) más flagrantes y descarados. Nadie cumple con el reglamento y cuando a alguno se le ha ocurrido actuar, termina apareciendo una voz trémula de ultratumba que pronuncia la consabida fórmula de “mira para otro lado, que no tenemos necesidad de enfrentarnos a ese gremio”. En la etapa de Jerónimo Saavedra se abrió, por primera vez en años, una amplísima investigación a cargo de la Policía Local. Hasta 20 floteros fueron convenientemente identificados e investigados, pero cuando llegó el momento de judicializar las pesquisas, alguien desde la sexta planta dio la orden de desistir. En 2010, una denuncia muy bien armada acabó en archivo porque a un juez de lo contencioso no se le ocurrió cosa mejor que ordenar una entrada y registro por una irregularidad administrativa, equiparada no se sabe muy bien cómo, a la categoría de delito. Con Cardona ha pasado un tanto de lo mismo: el reglamento se ha estirado de tal forma que lo que está prohibido se terminó convirtiendo en bendición, y en la negociación de las nuevas reglas del juego, las cooperativas han pactado cinco licencias por barba a espaldas de sus propios cooperados, muchos de los cuales quieren que se cumpla la premisa básica de una licencia, un autónomo.