Tal ha sido la presión mediática del PP en torno al accidente que el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha ordenado que se investiguen estas filtraciones por vía judicial, algo que parece cuando menos exagerado, a tenor de los escasos recursos que ya posee la Justicia para dirimir asuntos que generan más preocupación social, entre ellos el propio accidente. De hecho, el juez ha encargado a la Guardia Civil la investigación de estas filtraciones. Por su parte, la ministra Magdalena Álvarez sólo pide “a los medios de comunicación y a la sociedad” que permitan trabajar a la CIAIAC, para que pueda descubrir las causas que originaron el accidente, sin necesidad de activar mecanismos judiciales ni inquisitoriales contra los periodistas, pues se supone que, para el magistrado, en esta causa regirá la eufemística ley de Mahoma y será culpable tanto el que da (el informe) como el que lo toma.