Muy poco ha cambiado en el Partido Popular español entre 1989 y 2011 si nos ceñimos al contenido de las investigaciones judiciales que ha sufrido a lo largo de esa veintena larga de años. Los sospechosos de la trama de Gürtel siguen conduciéndose con el mismo descaro y las mismas artes mafiosas que aquellos noveles Zaplana, Sanchís o Palop del caso Naseiro, descubierto por un diligente juez de instrucción que perseguía a unos narcotraficantes y que, de improviso, se tropezó con una banda de saqueadores que intentaba enriquecerse y financiar al PP del recién llegado José María Aznar. Al juez lo persiguieron por tierra, mar y aire, indignados ante su osadía, y el Supremo anuló aquellas pornográficas invertenciones telefónicas porque fueron obtenidas mientras se buscaba otra cosa. Pero han quedado para la posteridad unas muy chandaleras conversaciones de Zaplana, que llegó a ministro del Reino, hablando con el tal Salvador Palop de solares, de comisiones, de un Opel Vectra de 16 válvulas y de su ansiedad por ganar dinero con la política. Desde entonces hasta ahora, el PP valenciano ha tenido sometida a la Justicia de una manera francamente despreciable (y perdón por lo de francamente). El ejemplo más palmario lo encontramos en lo ocurrido con Carlos Fabra y el juzgado de Nules.