El presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, fue el primero que se echó las manos a la cabeza este lunes cuando se enteró de que el portavoz socialista, Santiago Pérez, había propuesto públicamente acabar con el aforamiento de los diputados regionales canarios. Sin que nadie lo esperara, Pérez largó en una rueda de prensa que piensa promover en el nuevo Estatuto de Autonomía que desaparezca el privilegio de sus señorías de ser investigados y juzgados por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Esto significa que, en caso de ser encausados, los parlamentarios se someterían a los juzgados ordinarios, como todo hijo de vecino. Como bien dijo Antonio Castro, se trata de un asunto de calado, ¡claro que sí!, de tanto calado que Santiago Pérez habrá de convencer primero a los suyos antes de que la propuesta se plasme oficialmente en la ponencia correspondiente.