Los imputados parecen haber transmitido la impresión de que todo lo que ocurrió alrededor del concurso de la hemodiálisis es lo habitual en el Servicio Canario de Salud, si por habitual debemos entender que un concurso público lo gane un asesor externo del órgano contratante, con acceso directo a información privilegiada y con cierta influencia en las autoridades competentes. No puede ser normal que, alegando apertura al mercado, se supriman criterios tan sensibles como la experiencia o la solvencia de los concursantes, reduciéndolo todo a un escuálido seguro de responsabilidad civil que apenas daría para cubrir dos incidentes que se produjeran por una mala praxis o un consumible defectuoso durante la prestación del servicio. A esa normalidad que se trata de transmitir hay que añadir además la nada despreciable coincidencia de que un hijo de la doctora Palop, médico nefrólogo como su madre, sea empleado de Javier Artiles en su centro de Telde, o que la esposa del director general del Servicio Canario de Salud trabaje como auxiliar administrativo en el despacho de abogados de Javier Artiles. Nada es desdeñable en un caso que puso tan de los nervios a la dirigencia del PP que desató las iras de su presidente regional en curiosa coincidencia con un ataque al ordenador de la juez instructora. La causa se tramitó fuera de Atlante durante el tiempo que se mantuvo secreta.