El acuerdo adoptado por la comisión municipal que ha investigado el pelotazo de las torres del Canódromo incluye la remisión de las conclusiones a los tribunales de Justicia, tanto en su jurisdicción contencioso-administrativa como en la penal. Es en esta última donde se puede abrir un escenario verdaderamente imprevisible. Se supone que la causa se acumulará a la que tiene abierta en Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria el magistrado Tomás Martín, que investiga las actuaciones de la ex alcaldesa Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber por la denuncia de los vecinos de Schamann por ese asunto del convenio urbanístico del Canódromo. Pero si el magistrado, a la vista de sus investigaciones y de las conclusiones de la comisión municipal, detectara que pudiera haber responsabilidades penales de José Manuel Soria, deberá abstenerse en beneficio del TSJC, dada la condición de aforado que no piensa perder el presidente del PP en su calidad de diputado regional. Tampoco es predecible lo que pueda ocurrir si alguien interpone una denuncia judicial por financiación ilegal del PP ante el cúmulo de acontecimientos que ha tenido en esta última adjudicación sanitaria su último episodio escandaloso. De momento sólo ha enseñado la patita Intersindical Canaria, pero parece que hay por ahí más voluntarios que por fin han perdido el miedo al zeñorito.