El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, ha tirado por fin la toalla después de haber avergonzado durante demasiados meses a sus conciudadanos, a su partido y a la política. Con el respaldo incomprensible de Coalición Canaria, ha aguantado en el cargo hasta que la situación ha sido insostenible desde el punto de vista jurídico, y se ha marchado de modo vergonzoso con el atrevimiento de acusar a la justicia de perseguirle. Berto está condenado en firme por prevaricar y tiene pendiente una buena ristra de delitos de los que defenderse por los escándalos de corrupción de los casos Arona 1, Arona 2 y Arona 3, una saga de serie B que no tiene mucha pinta de ser esa persecución judicial de la que dice ser víctima. Su postura de este miércoles, sus lágrimas de despedida, su anuncio de que regresa a la iniciativa privada a ganar más de los 83.000 euros brutos que ganaba al frente del Ayuntamiento, nos recuerda mucho al trío de los Pepes, los editorialistas de El Día, que han estado unas cuentas jornadas enlutadas, llorando como plañideras, porque no hacen otra cosa que recibir demandas judiciales por su verbo fácil y faltón. Así, “perseguidos y humillados” han llegado a titular alguno de sus apesadumbrados artículos de opinión en los que dicen ser víctimas de una avalancha de citaciones por las que terminan insultando a los demandantes, que se limitan a ejercer su derecho constitucional a defenderse.