Cuando Canarias se dio cuenta de su metedura de pata pidió al Gobierno de España una prórroga que le permitiera ampliar hasta septiembre el plazo que acababa en julio pasado para la calificación de los ganaderos que querían optar a estas ayudas concretas. Madrid acepta la ampliación y, cuando llega el 19 de septiembre, vencimiento del nuevo plazo, los 105 ganaderos que habían solicitado las ayudas no habían recibido aún respuesta del Gobierno canario sobre su idoneidad para acceder a las mismas. En total se estima que se han dejado de repartir en el sector unos cinco millones de euros entre estas y otras ayudas, a las que hay que sumar el error de planificación que ha supuesto la pérdida de otros tres para el tomate. Anteriores responsables agrícolas se lanzaron de lo lindo en 2006 a pedir a la UE ayudas para una producción tomatera que finalmente no se ha alcanzado, lo que obliga ahora a devolver los dineros.