No se alarmen, que no nos hemos vuelto locos. Es sencillamente que nos sorprendió gratamente leer este jueves en La Provincia una pieza de nuestro admirado compañero Vicente Guerra relatando lo que les venimos contando aquí desde julio pasado: la denuncia del Gobierno de Canarias ante la Fiscalía por un presunto delito de falsedad en documento público en el concurso de emisoras de radio. En una de estas, cuando aportábamos nuevos datos sobre el affaire, recibimos en la Redacción la llamada de la que el Ministerio Público considera responsable de ese presunto delito, la abogada madrileña Paula Díez. En un tonito de la escala alta del pentagrama, la señora Díez calificó nuestras informaciones de “gilipolleces”, lo que nos condujo de inmediato a no atender sus reclamaciones ni a publicar rectificación alguna. Es más, acto seguido dimos con la causa penal que tiene abierta en los juzgados de Valencia por un delito similar más otro de estafa, así como con detalles muy suculentos de cómo se llevó a cabo la presunta falsificación en Canarias. Su despacho, Díez & Romeo, presentó al concurso decenas de ofertas fuera de plazo, y para hacerlas pasar por válidas, se personó días después con unos documentos sellados en la oficina de Correos de Arucas, donde no recuerdan haber visto pasar por allí esas bolsas de basura conteniendo las ofertas. Además de la altanería de la doña, lo más pintoresco del asunto es que los Díez & Romeo han impugnado el concurso en la vía contencioso-administrativa, lo que, de prosperar, haría perder sus derechos a otros de sus clientes que sí alcanzaron frecuencia. Una &lipollez la tiene cualquiera.