Este disparate que ha sido el primer concurso del Consorcio del Sur tendrá su punto álgido este miércoles en el Parlamento de Canarias, cuando los partidos políticos se expliquen y se echen en cara la cantidad de adjudicaciones urgentes, negociadas y sin publicidad que han realizado a lo largo de la historia. Gracias a ese debate conoceremos quién lo hizo dentro de la legalidad, quién sin tramitar el más leve expediente, quién fue sumando contratos así hasta llegar a 14.000 millones de las antiguas pesetas... Pero quedará para la posteridad la decisión de la Ejecutiva Insular de Gran Canaria de este pasado sábado de ordenar ser informada de los contratos que puedan ser adjudicados a determinadas personas de ese mismo partido, quizás para ponerse dos condones o, en el peor de los caos dos Dodotis. No exigen simplemente que se cumpla la legalidad, sino que quieren tener derecho de veto sobre los derechos civiles que asisten a cualquier persona a acceder a un concurso de manera limpia.