Lo que se le viene ahora encima al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es verdaderamente complicado. La sentencia, de 30 folios y firmada por Francisco José Gómez Cáceres, admite recurso ante el Supremo, pero todo dependerá del deseo de las partes en litigio de alcanzar un acuerdo. De momento ya se sabe que el consejero delegado de Aquagest (hoy Canaragua), el abogado grancanario José Juan González Batista, ha pedido verse con el alcalde, con el que mantiene una magnífica relación, para proponerle una salida que no sea gravosa para la Corporación pero que reconozca los derechos de la empresa en ese concurso. González Batista, sentencia en mano, celebraba este martes su triunfo de quince años de batallas jurídicas con un buen amigo suyo y un estupendo tinto reserva en el restaurante El Minotauro, de Vegueta. En Madrid, el representante de Saur para España, Rafael González Bravo de Laguna, analizaba la resolución judicial en el despacho de Pombo abogados.