Curiosa la interpretación de la responsabilidad política sobre personas imputadas por delitos relacionados con la corrupción la que aplicó este viernes el presidente del PP, Mariano-Mariano Rajoy. Ha suspendido de militancia a todas las personas que aparecen relacionadas en el caso Gürtel, excepto los que han de confiar su destino penal a las investigaciones que se sigan en los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia. El primer objetivo de esta clara discriminación es proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que pedía agua por señas desde el momento en que se conoció el auto de inhibición de Garzón en favor del TSJ valenciano. Pero estos distingos podrían tener también una lectura claramente judicial, teniendo en cuenta que los aforados valencianos han de ser investigados por la Sala Civil y Penal de su alto tribunal, donde la contaminación política es más que evidente.