A repasar la ley, general

La esposa del general fue interrogada y puesta en libertad, y a los pocos días, en un juicio rápido, juzgada por un delito contra la seguridad del tráfico. La imputada reconoció los hechos y, con todas las garantías jurídicas (abogado, fiscal, juez...) se mostró conforme con una sentencia que le condenó a cuatro meses de prisión, que no tendrá que cumplir por carecer de antecedentes penales. Todo se disparó a continuación. El general jefe de la Guardia Civil, indignado, escribe a la jefa superior de Policía para quejarse muy duramente por el comportamiento del inspector de Policía que detuvo a la infractora y para sugerirle que tome “las medidas apropiadas con el personal implicado, así como para que, en lo sucesivo, no se repitan actuaciones tan negativas para las relaciones de nuestros dos cuerpos”. Pero dice más el general. Por ejemplo, que “ninguna norma habilita a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía ni técnica ni jurídicamente” para la “detención de la conductora y la instrucción de diligencias por delito contra la seguridad del tráfico”. ¿Seguro, general? No sólo a la Policía, que cada día se ve obligada a actuar en ese sentido, sino también a cualquier ciudadano que se vea en una situación similar. Para que no hubiera duda del tamaño del calentón, días después el general envió una carta similar a la delegada del Gobierno, Carolina Darias.