El mismo día en el que el Senado retiraba la inmunidad parlamentaria a Miguel Zerolo, supimos todos los canarios que su última aportación al urbanismo, el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, fue falsificado. Era lo último que le faltaba a un documento que se convirtió por derecho propio y por los derechos propios de los mejor posicionados tras su redacción, en un escándalo vecinal, político y casi mediático de dimensiones estratosféricas. A los ciudadanos que venían cómos sus viviendas pasaban al estado etéreo de fuera de ordenación, a los prebostes que se frotaban las manos gracias a jugosas recalificaciones, a la perplejidad generalizada ante la pérdida de suelo rural y a las amplias prerrogativas para colonizar suelos protegidos y barrancos hay que unir ahora que durante un fin de semana aparentemente marcado a posta en el calendario, el documento fue falsificado. El actual concejal de Urbanismo de la ciudad, José Ángel Martín, precisamente el más acérrimo opositor a ese plan cuando era concejal socialista en la oposición, tiene que cargar ahora ante los tribunales de justicia, ante los vecinos y ante las fuerzas de la oposición con la dura tarea de aclarar qué coño fue lo que pasó entre el 29 de diciembre de 2009 y el 4 de enero de 2010 con el Plan General: qué modificaciones se hicieron, quién las pudo hacer, quién o quienes resultaron beneficiados por las mismas, quién fue el responsable de la negligente custodia del documento, en el formato que fuere? Porque una ciudad seria no se puede permitir por más tiempo dudar de todas las actuaciones de sus representantes políticos, mayormente cuando esas actuaciones van referidas al urbanismo, el estanque en el que chapotean demasiadas veces los inmorales que van a lo fácil a ver si pescan algo.