El Gobierno ha oficializado su tardío interés por resolver, de la manera menos onerosa posible, el problemón de la sentencia sobre Tebeto. En lo que se pronuncia el Tribunal Supremo (esperemos que calificando de imposible una resolución como la dictada por el TSJC) el Consejo de Gobierno ha decidido pedir el fraccionamiento del pago, una medida a la desesperada para no tener que meter en quiebra a una Comunidad Autónoma que lleva lustros gestionada como si fuera una tienda de aceite y vinagre. Pero no es solamente la macarrónica sentencia de Tebeto -consecuencia de un cúmulo de negligencias políticas y administrativas por las que alguien tendría que pagar de alguna manera-, o las interminables sobre la moratoria las que van a arruinar a esta sufrida nacionalidad, sino un incontable número de resoluciones judiciales negativas que responden, en la mayoría de los casos, a chulerías de altos cargos, a abusos para con los administrados, a decisiones tomadas al margen de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, y siempre, pero siempre, siempre, disparando con pólvora del Rey.