Si la Policía y el juez García hubieran tenido más medios y más tiempo, posiblemente habrían encuadernado doscientos tomos más del caso Faycán. Dan para mucho tantos meses de investigaciones, de escuchas, de seguimientos y de escudriñar en papeles y miles de facturas. El trabajo de los investigadores ha sido ejemplar, porque del cruce de documentos se ha detectado, por ejemplo, el mangoneo de los fondos europeos para reformar la sede del PP. O más penoso todavía, que la ex concejal de Ciuca Lali Sánchez se encontraba cobrando una pensión por incapacidad permanente total mientras ejercía su cargo público y cobraba por él. Un posible fraude en el que también habría incurrido su señor esposo de ella, que además de cobrar del Estado, se dedicaba a la empresa familiar La Manigua. Por menos que esto detuvieron a la esposa de Jesulín de Ubrique, una tal Campanario, que gestionó una pensión fraudulenta para su señora madre. De ella, también.