En las conversaciones intervenidas por orden del juez, se llega a escuchar a Salvador Iglesias bromear con Santana Cazorla en torno a la posibilidad de encontrarle un puesto de trabajo al término de la legislatura, dado su hartazgo de la actividad política. Tras su salida del Gobierno, Iglesias intenta entrar en la Judicatura como juez sustituto, pero termina aceptando el puesto de director general del grupo empresarial Loro Parque, que posiblemente le deje suficiente tiempo libre como para preparar el extenso temario de estas oposiciones al Consejo Consultivo. Es cierto, todo sea dicho, que el posible delito de tráfico de influencias que llevó al juez Reyes a remitir pieza separada al TSJC quedó en nada gracias a esa facilidad que tiene el alto tribunal canario para archivar sin abrir diligencias los asuntos de alto voltaje que implican a personalidades de la nacionalidad. Pero está acreditado que en “las conversaciones mantenidas entre el 14 de diciembre de 2006 y el 31 de enero de 2007 se observa cómo el primero de ellos [Salvador Iglesias] trata de influenciar a los segundos [Berriel y Martín]”, y que el empresario estaba “implicado, junto a otros individuos identificados plenamente en el oficio policial y que forman parte del Gobierno de Canarias [Salvador Iglesias, Domingo Berriel y Adán Martín], en la comisión de presunto delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal”, siempre según el muy mentado auto judicial.