Lo que les vamos a contar ocurrió hace algo más de un mes. En una conversación que nadie pidió que fuera reservada, el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Ángel Luis Tadeo, cuestionó al director general de Costas, el canario José Fernández, por el asunto de Hoya de Pozuelo. Tadeo se preguntaba cómo es posible que, ante las anomalías que existen en el dominio público, con cantidad de construcciones sobre el mar, se quieran derribar viviendas que no invaden el dominio público sino una servidumbre. En la conversación estaba presente el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio. Fernández ofreció una respuesta tajante: el asunto tiene solución legal, pero no está en manos del Ministerio de Medio Ambiente, sino del Gobierno de Canarias. O sea, que existe solución legal. Entonces, ¿por qué las tribulaciones de una quincena de famiias que van a ver sus viviendas derruidas? ¿Acaso nadie habló con el consejero Berriel del modo que lo hacía Santana Cazorla, que al final va a ver declaradas de interés general casi 2.000 camas en Anfi Tauro?