Solo Julio Pérez, y probablemente su círculo más íntimo, conocen las verdaderas razones que han conducido a esta renuncia, considerada por unos un gesto de honradez, por otros una cobardía y por el resto de la humanidad una incógnita. Pérez ha insistido en que se trata de un asunto de incompatibilidad profesional. Quiere salvar su despacho de un deterioro que su marcha a la política pudiera estar acelerando. Pero a sus 62 años, con una carrera política nuevamente en eclosión, resultaría difícil no imaginarlo en puestos de responsabilidad los próximos tres, e incluso siete años. Pero a este abogado veterano, que alcanzó la cima de su carrera política cuando López de Aguilar lo hizo secretario de Estado de Justicia, le gusta su despacho y detesta no tener retorno. Puede que en su decisión, además, haya pesado el hecho incontestable de verse rodeado de precipicios por todas partes, tanto dentro del Ayuntamiento como dentro de su propio partido, donde tenía el apoyo del generalato pero se tenía que pelear constantemente por el de las bases, mayormente entregadas a refriegas internas que nada tenían que ver con su gestión pública. Y, de remate, la implicación que pretendieron colgar a su despacho de actividades vinculadas a imputados y/o sospechosos del caso Las Teresitas. Julio Pérez ha insistido una y otra vez en que esas vinculaciones no existieron y que, de haberlas, fueron muy concretas y legales. Parece del todo peregrino pensar que en el despacho en el que se redactó la querella de Las Teresitas pueda haber alguien ejerciendo actividades ilícitas en torno a ese asunto. Y, desde luego, Julio Pérez es ajeno a todo eso.