Vaya, vaya, lo que está aflorando del caso Vanyera, el fallido aval otorgado por el Gobierno de Canarias sin cumplir con los requisitos de su propio decreto de concesión, el que tenía que haber vigilado José Manuel Soria, ese dechado de gestión y de eficacia probada. Nuestro compañero Salvador Lachica ha rescatado del baúl de los desastres de esta nacionalidad el Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias correspondiente al pleno celebrado el 17 de enero de 2011. Para que se sitúen, apenas habían pasado tres meses desde que Soria y sus huestes habían abandonado el Gobierno de manera airada ante la inminencia de las elecciones de mayo siguiente. El hoy ministro venía renqueante de aquella desautorización urbi et orbi que proclamó Paulino Rivero al descubrir la sucesión indecente de negligencias que condujeron al caso Tebeto (también magníficamente contado en este periódico por nuestro colega Salvador Lachica), y su gestión en algunos expedientes empezaba a hacer agua por babor y por estribor. Gobernaba por tanto ese enero de nuestro Diario de Sesiones Coalición Canaria en solitario, con muchas ganas de sacarle los colores al PP pero con la preocupación propia de quien todavía no había soltado amarras del todo respecto a ese pacto que parecía eterno. Jorge Rodríguez, no el imputado sino el nacionalista, que había sustituido a Su Excelencia en la Consejería de Economía y Hacienda, era el llamado a levantar mayor número de alfombras que nadie, y enseguida se tropezó con el aval fallido a Vanyera. Un diputado del PSOE, Sergio Roque, economista de carrera, hizo comparecer al Gobierno para que se explicara, y de su comparecencia afloraron comportamientos que dejaron en muy mal lugar a Soria, sin duda, pero también a los Servicios Jurídicos del Gobierno, en manos de José Miguel Ruano, el mejor amigo nacionalista que siempre tuvo el ministro canario. Una de las revelaciones hechas ante sus señorías por Roque fue que el 27 de julio de 2010 el juez de lo Mercantil que llevaba el concurso de acreedores de Vanyera se dirigió al Gobierno para que se pronunciara sobre el plan de liquidación presentado por la administración concursal. En su comunicación, el juez vía fax dice a los Servicios Jurídicos que el mes de agosto iba a ser hábil a estos efectos, pero la respuesta gubernamental se produjo en septiembre, cuando ya era tarde para oponerse a ese plan, que contemplaba la venta de la unidad de negocio de Vanyera a Ucalsa, es decir, la venta de bienes muebles que estaban aportados como garantía para el aval. En su descargo, los Servicios Jurídicos alegaron que el número de fax estaba mal, a lo que desde el juzgado les contestaron que era el mismo utilizado para otras comunicaciones sin que hubiera habido excusas.