El caso Isolux es uno de los mayores escándalos de la era pepera de Las Palmas de Gran Canaria: un concurso de ocho millones de euros es adjudicado a una de las ofertas peor puntuadas después de que la alcaldesa ordenara un segundo informe técnico que la colocara a la primera. Esa oferta era la de Isolux, una firma hasta entonces inexperta en la instalación de módulos de desalación, cuya gestión ha supuesto para la ciudad cuantiosas pérdidas económicas, además de la famosa crisis del boro del verano pasado. El escándalo fue denunciado ante la Fiscalía en dos ocasiones distintas, una por la concejal Nardy Barrios y otra por el periodista Carlos Sosa, sin que se investigara mínimamente el expediente, plagado de rarezas. La juez Cristina Villa, que absolvió a Carlos Sosa en primera instancia, lo dejó escrito en su sentencia: “No se puede concluir, porque no es esta la jurisdicción adecuada para ello, que la adjudicación se llevara a cabo de forma irregular, pero sí es cierto que fue muy controvertida y fuertemente discutida por los vocales de la Mesa [de contratación]; que se emitieron dos informes, siendo lo ordinario en un expediente de contratación uno solo, siendo finalmente aprobado el realizado por el Sr. Rodríguez Dos Santos a favor de Isolux Wat, S.A., elaborado en ocho días, y que el recurso contencioso-administrativo formulado por la entidad Idagua S.A. contra la adjudicación a Isolux fue retirado por una conversación que el representante legal de la misma mantuvo con el Sr. Soria”. Al banquillo, el periodista.