Aquellas presiones colocaron a la directiva de Confederación en una situación bastante embarazosa. Se trataba de mantener la independencia y la dignidad frente a los poderes políticos o, por contra, ceder al chantaje y sustituir a un empresario libre e independiente por otro que accediera a levantar el brazo cada vez que el Gobierno o sus terminales políticas tocaran el pito. La patronal optó por la segunda opción y se arrodilló ante esos poderes. Ahora le toca arrodillarse de nuevo, pero esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyas medidas cautelares ha de recurrir o aplicar de modo inmediato el Gobierno de Canarias. Toca ahora que el Gobierno cumpla la sentencia y que alguien pida disculpas públicas a Félix Santiago.