Canarias se enfrenta al Estado por las plantas eléctricas ubicadas en el mar
El Gobierno canario ha planteado un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional por el Real Decreto estatal que regula la autorización de las instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, informó este martes su portavoz, Carolina Déniz.
Así lo acordó el Consejo de Gobierno de Canarias a propuesta de su presidente, Paulino Rivero, en relación con el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de las instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.
La iniciativa del Gobierno de Canarias obedece a que, a su juicio, dicho Real Decreto invade las competencias que a la Comunidad Autónoma le atribuyen los artículos 30.26 y 32.9 del Estatuto de Autonomía. Por ello solicitará el Tribunal Constitucional que se declare inaplicable en Canarias.
El Ejecuto regional recordó que, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de 25 de septiembre de este año se formuló al Ejecutivo español un requerimiento de incompetencia con respecto a este Real Decreto.
El 31 de octubre se recibió en la Presidencia del Gobierno de Canarias un acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre por el que se contesta al citado requerimiento de incompetencia que la regulación contenida en el Real Decreto 1028/2007 respeta la distribución de competencias en la materia, constitucional y estatutariamente diseñada y no vulnera las competencias de la comunidad autónoma canaria.
Las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias coinciden con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 428/2007, de 6 de noviembre, que también se pronuncia en el mismo sentido que el manifestado por el Ejecutivo autonómico, precisó Déniz.
