Canarias reclama un fondo extraordinario para cubrir los sobrecostes por la guerra en Ucrania

El Gobierno de Canarias ha pedido este lunes al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas específicas que permitan hacer frente a los sobrecostes por la lejanía y la insularidad que está generando la guerra en Ucrania y que afecta especialmente al transporte, el sector primario y la energía.

Estas es la principal solicitud que Canarias ha trasladado al Gobierno de España en la Conferencia Sectorial para el plan de respuesta a la guerra de Ucrania y preparatoria del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, según ha informado el Ejecutivo autonómico, que estuvo representado en al reunión telemática por el presidente, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Elena Máñez; y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.

En este sentido, Canarias ha planteado que esos hechos diferenciales, la lejanía y la insularidad, son “agravantes” ante los efectos sobre la economía derivados de la invasión rusa. En cuanto al transporte, la comunidad autónoma ha reivindicado un fondo extraordinario para cubrir el incremento del sobrecoste en el transporte aéreo y marítimo de viajeros y mercancías con origen y destino Canarias, dado que el actual régimen de compensación “se queda corto ante la escalada de precios”.

El Archipiélago ha solicitado la modificación de la compensación al transporte del plátano, sustituyendo el concepto “coste del flete” por “coste del transporte”, y la incorporación a estas ayudas de determinados alimentos de primera necesidad.

Respecto al transporte aéreo, Canarias ha pedido una reducción de tasas aeroportuarias, mientras que para el transporte marítimo ha demandado la revisión de precios en la ruta marítima de obligación de servicio público (OSP) Los Cristianos (Tenerife)-Valverde (El Hierro) y las OSP marítimas entre Canarias y la península, además de la disminución temporal de las tarifas portuarias, tanto de los puertos autonómico como en los del Estado.

En relación con el transporte por carretera, el Gobierno canario ha demandado mecanismos que abaraten los carburantes del transporte en general y medidas de apoyo al transporte público regular, incluidos los taxis.

En el ámbito del transporte marítimo de mercancías, se ha planteado un fondo extraordinario para incrementar el coste tipo a las mercancías agrícolas e industriales e incorporar las que no figuran.

El Gobierno regional también ha solicitado la modificación de la ley estatal en aquellos puntos en los que Canarias precisa de trato diferencial con respecto al continental, una aspiración “que está contemplada en la propia ley y en el Estatuto de Autonomía”.

Además, en el plano general, el Ejecutivo canario se ha mostrado favorable a introducir las modificaciones necesarias en los mecanismos de determinación de precios del sector eléctrico para permitir desligar el precio del gas del sistema de formación de precios o, alternativamente, establecer precios máximos o topes al coste diario de la electricidad.

También cree positivo extender a 2023 la suspensión de las reglas fiscales; impulsar un mecanismo de mutualización de deuda europea que permita movilizar recursos especiales a escala europea para generar un fondo de ayuda humanitaria y otro para los sectores económicos.

El Gobierno autonómico también ha apoyado la creación de un marco temporal de ayudas relacionadas con la actual situación, con el objetivo de facilitar la concesión de ayudas nacionales y regionales, y la configuración y movilización de fondos especiales para fomentar la transición energética en la Unión Europea.

De cara al Consejo de Ministros del día 29, Canarias ha propuesto un pacto de rentas que permita distribuir los costes de la actual situación entre trabajadores, empresas y Administración; un fondo para que las comunidades autónomas puedan asumir el incremento de sus costes por los bienes y servicios que presta y la realización de obras en marcha o previstas, y la modificación de la Ley de Contratos para flexibilizar las revisiones de precios.

Este fondo se concretaría en ayudas directas a sectores y empresas especialmente afectados por la energía y la electricidad y las materias primas, y ayudas a consumidores vulnerables -a modo del bono eléctrico social-, así como la activación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial específica y la ampliación del plazo de carencia de los concedidos por la COVID.