La condonación catalana, el modelo de financiación autonómica y por qué Canarias recibe el doble de lo que aporta

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para condonar más de 15.000 millones de euros de la deuda catalana, alrededor del 20% del total del débito, ha espoleado a la mayoría de las autonomías a pedir el mismo trato y vuelto a colocar bajo los focos el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), un modelo caduco y al margen de lo pactado entre socialistas e independentistas catalanes, pero que ha saltado de nuevo a la palestra ahora que algunas regiones han solicitado una mayor parte del pastel.

El Gobierno canario, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), dijo este martes en sede parlamentaria que también va a reclamar una condonación de la deuda proporcional a la quita de Catalunya, que se traduce en 1.832 euros por ciudadano y que cubriría la totalidad del débito canario contraído con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cifrado en 581 euros per cápita, según datos del Banco de España.

El presidente regional, Fernando Clavijo (CC), ha dicho que “existen fórmulas” para compensar a las Islas en este sentido. Y que una de ellas es la de incrementar los recursos económicos percibidos por el Archipiélago en la futura reforma del SFA, para el que el Ejecutivo de CC-PP viene exigiendo un reparto “más justo”. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (PSOE), ha comentado al respecto que la modificación tendrá como bases “la equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional, de ida y vuelta”.

“Desde mi punto de vista, no hay ninguna duda de que [la condonación catalana] va a extenderse, ya veremos cómo, al resto de territorios”, concluye Ana Herrero, experta en Economía del Estado del Bienestar y Hacienda Pública.

La vía comentada por Clavijo, la del SFA, supondría la revisión de un modelo que lleva caducado desde 2014, cuando debería haberse estudiado el funcionamiento del mismo para esclarecer qué salía bien y qué no (la última actualización llegó en 2009) y que no ha sido modificado por la falta de consenso entre las formaciones políticas.

El sistema, que aglutina en 2023 un total de 134.336 millones de euros a repartir, tiene como objetivo que todas las comunidades cuenten con la suficiencia económica necesaria para garantizar los servicios públicos en condiciones (educación, sanidad y servicios sociales). Lo hace a partir del dinero que ingresan las autonomías por los tributos que comparten con el Estado (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de impuestos especiales), los que tienen cedidos en totalidad (Transmisiones patrimoniales y Sucesiones y donaciones) y aportaciones estatales.

Estos recursos son posteriormente repartidos entre las regiones de forma heterogénea para reducir las disparidades entre estas y así, al mismo tiempo, evitar desigualdades. “Cada comunidad contribuye a la bolsa en proporción a lo que tiene y recibe en función de lo que necesita”, expone Herrero.

El instrumento principal para ello es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), al que cada comunidad transfiere el 75% de sus ingresos tributarios, y que distribuye los fondos en función de la población ajustada, calculada teniendo en cuenta la población real (30%), superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%), población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%) y población entre cero y 16 años (20,5%). Canarias ha pedido en reiteradas ocasiones aumentar la ponderación de la variable de insularidad, una consideración difícil de analizar porque no existe una base empírica que precise exactamente cuánto crece el coste de comprometer servicios públicos en una ínsula, defiende Herrero.

“Cuando abres la negociación, vosotros [Canarias] pediréis eso. Los gallegos que pese más la dispersión, los valencianos y andaluces que sea la población total, los aragoneses que lo haga el tamaño del territorio, los del norte, Castilla y León o Asturias, el envejecimiento…”, enumera Ángel de la Fuente, doctor en Economía y director ejecutivo de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En 2017, un comité de expertos elaboró una propuesta de modificación del modelo de financiación que continúa en un cajón desde entonces. Las fuentes consultadas han descrito al sistema de “complejo” y “poco transparente” y han cuestionado si realmente cumple con su finalidad.

“Una cosa es lo que dice querer hacer y otra lo que hace”, resume De la Fuente.

Para Canarias, por su parte, el reparto puede tener dos caras: una en la que son añadidos los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), que beneficia únicamente al Archipiélago por razones históricas y geográficas, y otra en la que no. De la Fuente y Arturo Melián, profesor titular de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y experto elegido por la Comunidad Autónoma para la propuesta de reforma de 2017 que terminó en saco roto, consideran que la visión que incluye al REF es la más correcta, la más conveniente. En ese caso, las Islas serían la quinta comunidad con mejor financiación del modelo (3.174 euros por habitante en 2021, el último curso con datos oficiales), de acuerdo con Fedea. En lugar de no incluirlo, la historia es diferente: 2.388 euros per cápita, el segundo valor más bajo de todo el territorio nacional, según el Ministerio de Hacienda. Es este último dato el que utiliza Coalición Canaria cuando dice que “plantará cara” para pedir más recursos.

La inclusión del REF en el SFA, esto es, del IGIC y otros tributos propios del Archipiélago, ha traído de cabeza a Canarias. Entre 2009 y 2014, el sistema no asumió dichos gravámenes como recursos adicionales, sino que los incluyó en el sistema, lo que resultó en una “merma relevante para el Archipiélago”, defiende Melián, vista ahora como una deuda histórica que actualmente tiene el Estado con las Islas, apuntó esta misma semana la consejera canaria de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián (PP), quien también aprovechó para pedir una rebaja del débito similar a la de Catalunya.

“Uno de los argumentos para condonar deuda es compensar la financiación pasada de algunas comunidades”, justifica De la Fuente. “Si te condonan deuda y se hace con ese criterio, pues de alguna forma estás rehaciendo a posteriori la financiación. Está todo relacionado”.

Melián detalla que por ese entonces, en el lustro que va desde 2009 a 2014, Canarias recibía fondos del modelo de financiación equivalentes al 85% de la media percibida entre las comunidades (rondaba los 2.000 euros por habitante), y que la adición del REF ayudaba a alcanzar el porcentaje del 95%, el mínimo diseñado idealmente por el SFA. En 2017, sin embargo, el REF se desvinculó definitivamente del sistema. Y todo lo del REF, “que no se integra en el conjunto de recursos del SFA a distribuir [para el resto de comunidades]”, lo percibe el Archipiélago como un plus a la financiación autonómica, lo que ha supuesto una mejora relevante. De ahí, por un lado, la discrepancia entre los datos ilustrados por Fedea y el Ministerio de Hacienda, que no lo incluye “porque [este último] liquida de acuerdo con lo que dice la ley” y no “está haciendo un análisis económico de lo que tiene cada región” por su cuenta. Y, por otro, que las Islas sean el territorio del Estado que mayor diferencia presenta entre los recursos tributarios que aporta al SFA (3.345 millones de euros, según Fedea) y la financiación que recibe (7.028 millones).

“Para Canarias es muy importante el nivel de solidaridad del modelo. Como consecuencia de la existencia del REF, siempre será la que más necesite de ello”, agrega Melián.

Para el experto, el Archipiélago debe estar atento a la futura reforma del sistema en aspectos como la consideración del REF en el SFA (si bien este hecho estaría protegido por el Estatuto de Autonomía de Canarias) y una menor nivelación que ampliara las diferencias entre las comunidades autónomas.