El Congreso aprueba el retraso de la jubilación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva la ley de modernización del sistema de la Seguridad Social tras ratificar las 40 enmiendas incorporadas en el Senado, cerrando así un trámite parlamentario en el que el PSOE sólo ha conseguido el apoyo de CiU para impulsar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67.
Aunque el Pleno de este jueves no ha votado el conjunto de la norma, sino sólo las enmiendas de la Cámara Alta, los portavoces del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD se han cuidado durante el debate de recalcar su posición contraria al global de una reforma que, a su juicio, supone un recorte de las pensiones y los derechos de los trabajadores, al tiempo que no garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha negado que la norma suponga “ningún recorte” y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entre plenamente en vigor estos aspectos, que a día de hoy. Es más, según sus cálculos, más adelante, a partir de 2040 ó 2050, las pensiones seguramente se “triplicarán e incluso más”, pese a que habrá 18 millones de pensionistas.
Asimismo, ha recalcado que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los agentes sociales -a los que ha agradecido su “valentía”- como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 125 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios.
“Respaldo suficiente”
El ministro ha apuntado que aunque la norma no ha salido por unanimidad de la Cámara Baja, ha contado con un “respaldo suficiente” y ha aventurado que “no pasará mucho tiempo” antes de que las formaciones que no la han apoyado tengan un punto de vista “razonable y de respeto” al fruto del trabajo parlamentario que mejora los “elementos de solidaridad” de la norma.
En este sentido ha descartado que el PP de marcha atrás a las medidas como el retraso de la edad de jubilación si llega al poder tras las próximas elecciones. “Son reformas que viene para quedarse porque consolidarán el sistema”, ha afirmado, asegurando que los cambios que comprometan el sistema “contarán con una fuerte respuesta social”.
En este sentido, ha remarcado que se trata de una reforma “trascendental” y uno de los proyectos más importante de la legislatura, cuya discusión empezó a finales de 2008 con la convocatoria del Pacto de Toledo.
Viudas, becarios y hospitales
Valeriano Gómez ha destacado que gracias a las enmiendas introducidas por las Cortes, se eleva la pensión de viudedad, se reconoce un periodo de cinco años de cotización a las madres que hayan interrumpido su carrera laboral por el cuidado de los hijos y se fija un calendario para la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Además, se permite a los autónomos compatibilizar su pensión con un empelo, que los periodos de becas de formación computen como cotizados o que las personas discapacitadas podrán jubilarse de forma anticipada con 25 años cotizados y que los becarios computen como cotizadas su prácticas, con un tope de dos años.
A cambio de su apoyo, CiU también ha conseguido que el Gobierno traspase a las comunidades los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Cataluña, afectaría a 150 edificios dedicados a asistencia sanitaria.
EREs de grandes empresas
Además, incorpora además una disposición que obliga a las empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años a realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) a partir del pasado 27 de abril que afecten a trabajadores mayores de 50 años a efectuar una “aportación económica equivalente” al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo, lo que Gómez ha calificado de una “demanda histórica”.
La particularidad es que esta modificación entrará en vigor después de que el Ministerio de Trabajo haya autorizado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica para 6.500 trabajadores en el periodo 2011-2013 con un coste por desempleo de 350 millones de euros, que abonará en su totalidad la multinacional española.
