Diálogo social = empleo de calidad
Las reformas estructurales acometidas en España a partir de la entrada en vigor en 2012 de la reforma del mercado laboral y su posterior desarrollo, así como otras disposiciones que han introducido cambios sustanciales en el funcionamiento del mercado de trabajo, han producido un evidente impacto en la evolución de las relaciones de trabajo.
En el año 2012 y a lo largo del presente 2013, el Gobierno de España ha llevado a cabo numerosas reformas que alcanzan a distintas instituciones jurídicas: desde las propias del ingreso en el mercado de trabajo (sistema de contratación de personas trabajadoras) hasta la flexibilidad interna del sistema (modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica y funcional, ajustes de plantilla con medidas de conservación del contrato de trabajo), pasando por reestructuraciones y crisis empresariales y los despidos colectivos.
Frente a este panorama dantesco solo queda, como ya ha quedado patente en varios conflictos laborales que han sucedido en toda la geografía nacional, el diálogo social como fórmula para solucionar importantes asuntos económicos y sociales, mejorar la paz social y laboral e impulsar el progreso económico.
Frente a la conflictividad y la precariedad del mercado laboral reformado desde La Moncloa, se hace más que nunca que los agentes sociales intercambien informaciones, ideas y opiniones para encontrar posiciones convergentes sobre cuestiones de interés común para todos los actores implicados.
En busca de la paz social
Esa paz social debe ser buscada aún con más ahínco en tiempo de crisis por las Administraciones públicas, tal y como señala la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea: crear “más y mejor empleo”, que traducido significa trabajo de calidad. En base a las actuales circunstancias, el Gobierno canario, a través de la Dirección General de Trabajo, ha venido acometiendo en los dos últimos años políticas destinadas a favorecer el diálogo social.
La Comunidad Autónoma es competente en la mediación de despidos individuales o colectivos, la tramitación de los ERE, el diálogo social y la siniestralidad laboral. En ese marco, se ha suscrito un convenio entre los sindicatos más representativos de Canarias (CCOO y UGT) y las confederaciones de empresarios de las dos provincias para evitar la retroactividad.
Por ello, el Gobierno de Canarias propició la firma del Acuerdo de Ratificación sobre Ultraactividad de los Convenios Colectivos para Canarias, suscrito entre empresarios y sindicatos, según el cual las partes firmantes promoverán cuantas acciones resulten necesarias para el impulso y la renovación de los convenios colectivos conforme a lo recogido en los 'II acuerdos para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014, de 23 de mayo de 2013 sobre la ultraactividad de los convenios colectivos' y el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de las organizaciones y empresas dependientes de las mismas.
Una medida que, con todo, no ha evitado que en las Islas durante 2012 se denunciaran 59 convenios y que este año esa cifra fuese de 54, por lo que la Dirección General de Trabajo va a poner en marcha una Comisión de Seguimiento de los Convenios Colectivos, afín de procurar suavizar la ultraactividad contemplada en la reforma laboral que, en Canarias, puede afectar a un total de 257.987 trabajadores.
El objetivo de la Dirección General de Trabajo en este sentido es el de dotar a las organizaciones sindicales menos representativas de los instrumentos necesarios para fomentar la negociación colectiva en aras de intentar conseguir no sólo una mejora de la calidad del empleo sino también de la economía canaria.
Nuevo modelo
De esta manera, se aportará financiación pública mediante una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para financiar acciones dirigidas a fomentar y difundir la acción sindical y el diálogo social en las Islas.
La ex directora general de Trabajo, Gloria Gutiérrez, que también es la secretaria regional del PSC-PSOE en el área de Empleo, lanzó el reto poco antes de su renuncia al cargo para volver a ser diputada: “tenemos que ampliar nuestras miras para impulsar, desde el acuerdo social, un nuevo modelo productivo”.
Un reto al que debe dar solución en lo que resta de legislatura el Ejecutivo regional para demostrar que las políticas económicas no pueden consistir solamente en una devaluación descontrolada de los salarios y en arrasar el Estado de Bienestar, como parece ser hasta ahora el objetivo del Gobierno que preside Mariano Rajoy, sino que tienen que girar en torno al empleo, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Canarias, incluso, cuando se inicie la era post-crisis.
