Julios afirma que ''todos'' somos ''corresponsables'' del empleo sumergido
La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, ha afirmado hoy que “todos” somos “corresponsables” cuando “contratamos actividades que sabemos que no están sujetas a una transparencia desde el punto de vista de la Seguridad Social”, con respecto a los datos publicados ayer por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Para Julios, “combatir la economía sumergida es un esfuerzo de todos”, aunque “es el ministerio de Trabajo” el que tiene competencias exclusivas en materia. Según el informe de Gestha, la economía sumergida se come un 9,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, unos 500 millones de euros en cotizaciones no pagadas a la seguridad social, lo que supone la existencia de unos 80.000 trabajos irregulares en el Archipiélago, según calcula La Provincia.
Pese a ello, la consejera ha afirmado que el Gobierno de Canarias lleva a cabo tareas de control junto a las organizaciones empresariales, por ejemplo, en talleres, para “darles la opción de regularizarse”.
En ese sentido, ha distinguido entre “actividades de supervivencia” por la crisis de aquéllas que se han venido realizando “de forma constante”, y no sólo ahora. Frente a éstas últimas, Julios se ha mostrado partidaria no de “amnistías”, sino de “ayudar” para que esa economía sumergida “salga a flote” y “sea castigada”.
Población activa
Sobre la inminente publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA), Julios ha querido desvincularla de los datos del paro del mes de abril, los cuales volverían a ser positivos, según pronosticó esta semana el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.
La EPA “no tiene nada que ver con el paro”, ha afirmado Julios, para quien se trata de encuestas que “recogen un período más amplio” y cuyos datos “no suelen coincidir con los del paro”.
Un triple fraude
Preguntado sobre la economía sumergida, el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), Fernando Redondo, ha preferido referirse a ella como “economía ilegal o irregular” y ha vinculado este fenómeno a los cambios que vive Canarias, a la crisis y a la alta “mortalidad” de las pequeñas empresas, que a menudo, esperan “a ver si funcionan” antes de darse de alta.
Redondo, que no se ha atrevido a dar cifras exactas sobre la economía “irregular” en las Islas, sí declaró que, de existir, significaría un “triple fraude”: a la competencia, a los trabajadores, “que están fuera del circuito y se les está explotando”, y a la sociedad en su conjunto, ya que “todas las previsiones y estudios” que se están haciendo estarían “equivocados”.
Respecto a las posibles medidas para atajarla, el presidente del CES ha apostado por convencer a trabajadores y empresarios de los beneficios de cotizar a medio y largo plazo.
Redondo ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de las IV Jornadas sobre Economía, Formación y Empleo organizadas en Las Palmas de Gran Canaria por el Instituto Canario Superior de Estudios (ICSE).
