Las medidas de apoyo a la banca entrarán en vigor en diez días

El Congreso convalidó este lunes por una amplísima mayoría los dos decretos-ley de medidas de apoyo a la banca, que entrarán en vigor en cuanto se aprueben los reglamentos que las desarrollen, lo que ocurrirá antes de diez días según prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero anunció en el debate de estas dos normas que el Gobierno aprobará un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros ampliables hasta los 30.000 millones para permitir, en lo que queda de año, la compra de activos a las entidades financieras.

Zapatero, que aseguró haber recibido un informe “favorable” del Banco Central Europeo (BCE) sobre los decretos, informó asimismo de que la habilitación de los créditos necesarios para completar la dotación máxima del Fondo para comprar activos -50.000 millones- se incluirá en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos de 2009.

El presidente también detalló las herramientas de control que tendrán ambas medidas, que según informaron fuentes del PP fueron pactadas este fin de semana por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, y el portavoz de Economía de los populares en el Congreso, Cristóbal Montoro.

Entre estos mecanismos está la función “determinante” que asumirá el Banco de España en la gestión de la compra de activos y el compromiso de que el organismo supervisor informe cada dos meses de la evolución del fondo y cada cuatro de la del crédito bancario.

Además, las decisiones de inversión que se tomen se publicarán en la página web del Ministerio de Economía y un comité técnico encabezado por la Dirección del Tesoro y formado por miembros del Banco de España y la CNMV hará las propuestas de adquisición de activos.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, por su parte, recibirá cada cuatro meses un informe sobre la gestión del fondo, y cada dos meses el secretario de Estado de Economía comparecerá en este órgano para dar cuenta de su actividad.

Zapatero confirmó en el pleno que los activos que adquirirá el Estado a partir de noviembre serán cédulas hipotecarias o bonos de titulización respaldados por préstamos de familias y empresas no financieras.

En cuanto a los avales que podrá conceder el Estado, insistió en que su objetivo último es el de reducir la incertidumbre que hay sobre las entidades para la financiación a medio plazo.

Estos decretos son para apoyar ''a los 45 millones de españoles''

El presidente del Gobierno reconoció que “más allá” de estas medidas urgentes es necesaria una reforma europea de la regulación y la supervisión bancaria, que “amplíe el perímetro” del control y aumente los márgenes de seguridad del sistema para reducir la posibilidad de quiebra de las entidades.

En cualquier caso aseguró que estos dos decretos no son para apoyar a la banca, sino “a los 45 millones de españoles” e insistió en que las medidas revertirán en empresas y ciudadanos porque las entidades tienen que estar en condiciones de suministrar financiación, sin la cual “no hay ninguna posibilidad de recuperar el crecimiento económico y de crear empleo.

Además, señaló que no hay que pedir responsabilidades “por exceso” a “ninguna entidad financiera española”, porque hasta ahora “han demostrado su solvencia”, si bien prometió que si alguna entidades española tienen un problema de “insolvencia o riesgo” el Gobierno “intervendría”.

Mariano Rajoy dio su visto bueno ''por responsabilidad'' a los decretos-ley

El líder del PP, Mariano Rajoy dio su visto bueno “por responsabilidad” a los dos decretos-ley si bien reclamó un plan de rescate para las familias y pequeñas empresas.

Rajoy aseguró que el efecto de las mencionadas iniciativas quedará “en nada” si no se acometen otras reformas “que se necesitan urgentemente”, y advirtió de que los decretos no son la “solución definitiva” a la crisis económica, porque el sistema financiero seguirá teniendo dificultades si la economía real tarda en recuperarse y aumenta en exceso la morosidad.

El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, reclamó que el Banco de España elabore una “lista” en la que consten todos los avales que el Estado conceda a la banca, con las cuantía de cada aval y su periodo de validez, y añadió que su grupo reclamará que se cumpla el compromiso de que ninguno de los decretos “va a costar ni un euro a los contribuyentes”.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu confirmó el apoyo a los decretos y reconoció la “solidez” de las entidades financieras españolas, aunque advirtió de que “en cualquier momento” podrían sufrir un problema de “envergadura”, porque no son ajenas a la crisis internacional.

Los partidos con menor representación en el Congreso reclamaron que la banca responda a la ayuda que le va a prestar el Estado a través de compra de activos y de avales facilitando cuanto antes el crédito a familias y a empresas.

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