Sanidad gasta 15 millones de euros en los turistas
El turismo genera un coste anual de 15 millones de euros al Servicio Canario de Salud, lo cual supone un gasto importante, según el magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo Ramón Castillo, quien ha precisado que la cifra señalada es la que baraja la Consejería de Sanidad.
Castillo, que ha abordado este jueves el turismo sanitario y su incidencia en el Archipiélago canario, con motivo de la celebración de las I Jornadas de Turismo y Seguridad en Canarias, ha indicado que el hecho de viajar a un país para someterse a un tratamiento médico genera un problema de coste que incide en las islas por el alto volumen de turistas que recibe anualmente.
El gasto sanitario que generan los turistas ha provocado quejas por parte de los gobiernos autonómicos y ha incidido en la reforma del sistema de financiación autonómica, ha recordado Castillo.
El magistrado además se ha referido al turismo sanitario desde la perspectiva privada y a las posibilidades de desarrollo en las islas.
La seguridad y el turismo
En las jornadas, la fiscal de Extranjería y de Cooperación Jurídica Internacional del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Teseida García se ha referido al extranjero como víctima de delitos y ha señalado que Canarias figura entre las comunidades españolas que concentra un mayor número, sobre todo en las zonas del sur de Gran Canaria y Tenerife, así como en Lanzarote y Fuerteventura.
García ha explicado que los delitos patrimoniales, las estafas y contra la libertad sexual son denunciados por los turistas cuando llegan a sus países de origen y se tramitan a través de las comisiones rogatorias.
Según la fiscal del TSJC, el número de denuncias que se tramitan a través de estas comisiones oscilan entre las 35 y 40 al año en Canarias, si bien los delitos menores o faltas, como los robos en hoteles o en la calle, son denunciados por el turista en destino.
La fiscal ha señalado que la falta de medios impide actuar con agilidad y rapidez en los casos que se tramitan a través de las comisiones rogatorias, ya que, además de estar encargada de la Cooperación Jurídica Internacional, también ha de resolver otros asuntos.
El representante de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, Enrique París, se ha referido también al papel que desempeñan las empresas de vigilancia en las zonas turísticas, que, según ha señalado, “aportan valor al destino y lo hacen más atractivo”.
París ha manifestado que el sector privado forma parte del operativo de seguridad que hace que Canarias sea un destino al que opten principalmente turistas europeos porque “sienten que van a un entorno en el que se encuentran como en casa”.
Canarias es un destino que responde a los niveles de calidad del turista europeo, entre ellos la seguridad, que es “notablemente superior al de nuestros vecinos”.
No obstante, en su opinión la seguridad privada podría cubrir ciertas actividades, como la protección de los entornos comerciales, que no permite la ley actual, que limita desarrollar actuaciones que podrían ser beneficiosas.
París ha explicado que la seguridad privada cumple una labor preventiva, que es la que le atribuye la ley que la regula, y que en las zonas turísticas se encargan de la prevención y de la reacción en primera instancia ante una situación de conflicto, pero siempre en espacios cerrados.
En Canarias hay unos 900 vigilantes de seguridad contratados en las zonas turísticas, si bien en el conjunto del Archipiélago el número se eleva a 4.300.
La presencia de estos vigilantes no responde tanto a la carencia policial sino a una demanda más de la sociedad del bienestar, aunque está claro que, cuanto menos recursos se disponen, más facilidad existe para delinquir, ha manifestado París.
En los últimos años la seguridad privada ha crecido de manera importante en Canarias, un 7 por ciento anual, según París, quien ha señalado que la crisis económica también les ha afectado.
