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Javier Armas rechaza su culpabilidad y pide que se certifiquen sus competencias en relación con el caso Vertederos

El viceconsejero de Hacienda pide también que se llame a declarar a los tres últimos presidentes del Cabildo de El Hierro

Pregunta por las actuaciones de la APMUN “desde que tuvo conocimiento de la ubicación en El Majano de una instalación de gestión de vehículos fuera de uso en la que se desarrollan trabajos de descontaminación, desguace y reciclaje de los mismos”

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Vertedero La Dehesa El Hierro

El ex consejero de Medio Ambiente ha hecho de las competencias de cada administración una cuestión fundamental a ventilar en el juicio.

El ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro y viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias en la actualidad, Javier Armas, ha presentado un escrito de defensa mostrando su “absoluta disconformidad” con el de la La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que solicita para él las penas de 11 años de prisión, 4 de inhabilitación y una multa de 19.800 euros.

La Fiscalía lo considera corresponsable de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.

Javier Armas entiende que los hechos relatados en el escrito de acusación “no son constitutivos de infracción penal de ningún tipo” en lo que a él respecta, por lo que solicita su libre absolución.

En este sentido, hace especial hincapié en que se certifique cuál era la distribución de las áreas de Gobierno del Cabildo así como qué área tenía atribuidas las competencias de Residuos, Política Territorial y Espacios Naturales Protegidos tanto en el mandato de 1999 a 2003 como en el de 2003 a 2007.

Después de pedir que se certifique también qué cargos desempeñó en el Cabildo, indicando para cada uno de ellos las fechas de nombramiento y cese y las competencias que tenía atribuidas como propias o delegadas, se vuelve a centrar en las competencias insulares sobre autorización de instalaciones de almacenamiento, gestión, despiece y descontaminación de vehículos al final de su vida útil; inspección y sanción por el incumplimiento de la normativa europea y española reguladora de la gestión de vehículos al final de su vida útil; inspección, sanción y medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado por infracciones al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y, en especial, por infracciones en materia de ordenación del suelo rústico.

Javier Armas hace una especial referencia a la delegación a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para que se informe sobre la distribución de competencias en materia de residuos procedentes de vehículos al final de su vida útil entre la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y la Consejería competente en materia de medio ambiente desde 1999 hasta 2013.

Y más concretamente, en relación con los actos relativos a la instalación de desguace de vehículos, pregunta por las actuaciones realizadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para restablecer el orden jurídico perturbado en el suelo rústico de El Majano “desde que tuvo conocimiento de la ubicación en dicho lugar de una instalación de gestión de vehículos fuera de uso en la que se desarrollan trabajos de descontaminación, desguace y reciclaje de los mismos”.

Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio tardó cuatro años en abrir expediente al desguace de El Majano y luego lo dejó caducar.

Para demostrar su inocencia Javier Armas pide, igual que su ex compañera Claribel González, que se llame a declarar a los tres últimos presidentes del Cabildo de El Hierro (Tomás Padrón, Alpidio Armas y Belén Allende); así como a 13 guardias civiles que actuaron en distintas fases del proceso, los denunciantes, 4 técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias, 2 peritos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, otros dos técnicos de los ayuntamientos de Frontera y Valverde, el gerente del Consejo Insular de Aguas de El Hierro, el secretario y el arquitecto técnico del Cabildo de El Hierro.

Además solicita la comparecencia del mismo ingeniero de obras públicas cuyos informes sobre el complejo medioambiental de La Dehesa y el punto de almacenamiento de La Cumbrecita han sido aportados por las defensa de las otras dos acusadas en este caso: la ex consejera de Medio Ambiente Claribel González y la técnico Fabiola Ávila.

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