Podemos propone blindar la gestión pública de los informativos de la Televisión Canaria

El consejero insular de Podemos en El Hierro, Amado Carballo, ha presentado una moción para que el Pleno del Cabildo inste al Parlamento de Canarias a blindar, mediante una modificación legislativa, la gestión pública del servicio de informativos de la Televisión Canaria, garantizando la incorporación de la plantilla real de trabajadores, incluyendo a los profesionales de las subcontratas.

Carballo explica que tras la reciente modificación legislativa de urgencia que produjo el nombramiento de un administrador único, la decisión de subrogar a la sociedad mercantil a los trabajadores de la anterior adjudicataria, dejando fuera a los 90 profesionales subcontratados a través de otras productoras, es temporal hasta que el Parlamento decida el modelo de gestión de los informativos.

Por tanto, “si no existe la voluntad política suficiente para blindar la desprivatización de los informativos y su dependencia de cualquier interés privado o partidista se podrá volver a sacar a concurso y por consiguiente volver al punto de partida de un modelo que se ha demostrado insostenible”.

Si el modelo de externalización vuelve a consolidarse --añade el consejero--, “los trabajadores de la empresa que gane pasarán a convertirse en meros empleados que deben cumplir los designios de sus responsables directos, incapaces de hacer prevalecer sus obligaciones y derechos como profesionales de la comunicación pública. Se limitarán a cumplir los deseos de los responsables del Ente, lo que se conoce como cliente”.

Amado Carballo tiene claro que si los servicios informativos de RTVC están supeditados al mandato de una empresa privada, y por tanto pasan a tener como principal labor el cumplimiento de los objetivos que su empresa les designa, se supedita el servicio público a condiciones de máxima rentabilidad.

“Cabe recordar que con este modelo, más la gestión de sus últimos responsables, la Televisión Canaria no tiene un Consejo de Informativos, algo que establece la Ley”, apunta.

Podemos considera que la privatización sufre un defecto estructural que viene dado por la propia naturaleza comercial que establece la parte pública con su concesionaria privada: como toda relación económica, hay una parte que exige unos determinados servicios y otra que los ofrece.

Ante este acuerdo, que delimita el número de horas de servicios informativos que deben ofrecerse a cambio de una cantidad económica determinada, cualquier incremento, por mínimo que sea, en dichas horas de programación informativa supone a su vez un incremento de coste para las arcas públicas.

En resumen, cualquier solicitud de prestación de servicios fuera de los acuerdos significa un incremento de gasto.

Otro de los elementos negativos del modelo de externalización radica en la calidad del empleo: “La subcontratación de otras productoras para la cobertura de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, y del sur de Gran Canaria y Tenerife; ha generado que 90 profesionales de los 306 que realizan los informativos estén en condiciones mucho más precarias al pertenecer a otra empresa y estar fuera del convenio colectivo de la adjudicataria”.

El panorama son contratos temporales, incluso en fraude de ley, jornadas parciales, considerables diferencias salariales y omisión de pluses, falsos autónomos, turnos de más de 12 horas y libranzas no reguladas.

“Esta forma de ahorrar costes a través de la precarización laboral se hace con la conformidad del Ente Público RTVC, lo que lleva a concluir que con el dinero público destinado a este medio se crean y toleran trabajadores de segunda clase”, finaliza Carballo.