Canarias desmiente a Madrid: ''La consulta no es un referéndum encubierto''
“No es un referéndum encubierto, porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas”. El Gobierno de Canarias, a través del Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, ha respondido así la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Saénz de Santamaría, quien este viernes anunció el acuerdo del Consejo de Ministros para recurrir la consulta canaria sobre las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias.
Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Rajoy para presentar el recurso, Saénz de Santamaría dijo que las consultas ciudadanas mediante pregunta directa “constituyen materialmente un auténtico referéndum, al contemplar una consulta al cuerpo electoral a través de un verdadero procedimiento electoral” y la potestad para convocar un referéndum es únicamente del Estado.
En ese contexto, sostuvo que Canarias no tiene competencia para hacer un referéndum y que tampoco las tiene para hacer consultas sobre temas energéticos, pues es una política de competencia estatal.
Para Fernando Ríos, el PP ha tomado “la decisión política” de recurrir porque no quiere que se realice la consulta. “A partir de ahí, busca excusas jurídicas para enmascarar esa decisión política”.
El comisionado del Gobierno de Canarias considera que el recurso .denota el talante “muy poco” dialogante del PP y es “poco congruente con la demanda ciudadana de querer participar”.
La convocatoria sigue vigente mientras los tribunales no digan que se suspende, en cuyo caso el Gobierno canario estudiaría otras alternativas para seguir adelante, afirmó Fernando Ríos.
“El Gobierno canario utilizará todos los instrumentos del ordenamiento jurídico para que los ciudadanos se pronuncien acerca de las prospecciones y además ha pedido a los servicios jurídicos que recurran la autorización de los sondeos y que pidan de forma inmediata y cautelar su suspensión”, agregó.
El comisionado acusó al Gobierno de España de querer “tapar la boca a los canarios”, pero aseguró que “los ciudadanos de todas las islas defenderán el derecho a opinar sobre su propio futuro”.
Para Ríos, el Gobierno de España “revela un talante profundamente antidemocrático”, ya que no cuestiona aspectos concretos de la pregunta, “sino que se recurre la misma convocatoria de consulta”.
Considera que tampoco es inconstitucional la pregunta (¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?) porque no pide opinión sobre las prospecciones, sino sobre el modelo medioambiental y turístico autonómico, argumentó.
El representante del Gobierno se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional confirmará la legalidad de la consulta “y levantará la suspensión automática derivada de la impugnación estatal”, ya que “los argumentos del Gobierno del PP carecen de base jurídica”.
Petición urgente al Consejo de Estado
El Gobierno español ha solicitado el dictámen del Consejo de Estado con carácter de urgencia, con fecha límite del 24 de octubre, por la relevancia e “inmediatez” de la convocatoria.
Es el Ejecutivo el que, en su petición de informe al Consejo de Estado, dicta el plazo en el que debe pronunciarse esta institución. En el caso del decreto de convocatoria de la consulta soberanista catalana, fue de 48 horas.
El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante pero sí preceptivo antes de que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a interponer el recurso ante el Constitucional.
La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, como ocurre en este caso, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses.
El Boletín Oficial de Canarias publicó el 3 de octubre el decreto de convocatoria de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas para el 23 de noviembre con la siguiente pregunta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”.
Una formulación que, a juicio del Ejecutivo canario, es “intachable” y legal, por lo que confía en que, antes o después, los canarios puedan pronunciarse sobre los sondeos.
La ley en la que se apoya el Ejecutivo canario para convocar la consulta -Ley de Fomento de la Participación Ciudadana- data de 2010, pero su desarrollo ha sido aprobado este verano mediante el decreto que ahora va a impugnar el Ejecutivo.
