La Cámara de Diputados de Chile aprueba modificar la regalía minera
SANTIAGO, 16 (Reuters/EP)
La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de ley que ajusta la regalía minera y con el que el Gobierno pretende recaudar unos 1.000 millones de dólares (unos 770 millones de euros) que serán destinados, en parte, a las labores de reconstrucción del país tras el terremoto del pasado mes de febrero.
El proyecto deberá ser discutido y votado ahora por el Senado, donde el Gobierno no tiene mayoría para lograr su aprobación definitiva.
Con 56 votos a favor y 55 en contra se aprobó la iniciativa, que revive el plan rechazado en julio por el Legislativo. Entonces, el proyecto incluido en un paquete para financiar la reconstrucción tras el devastador terremoto y posterior tsunami que azotaron el centro y sur del país.
“Vamos a ir al Senado con la misma buena disposición que hemos tenido en todo este tiempo, entendiendo también que aquí hay un sentido de urgencia. Los tiempos se agotan, el país necesita estos recursos”, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras la votación.
“No da lo mismo si tenemos que recurrir a nuestros ahorros, si tenemos que romper el chanchito de los ahorros fiscales, que si podemos obtener 1.000 millones de dólares adicionales de recursos para la reconstrucción”, agregó.
El proyecto elevaría el rango de la tasa de regalías mineras a entre un 5 y un 9 por ciento a partir del 2018, desde un mínimo actual del 4 por ciento. El proyecto compromete un 30 por ciento de los recursos, aproximadamente 300 millones de dólares, para entregarlo a las regiones afectadas por el seísmo.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, se mostró satisfecho por la aprobación e hizo un llamamiento en favor de que la iniciativa pueda obtener la aprobación de la Cámara Alta. “Ojalá que en el Senado podamos encontrar los consensos”, dijo.
Los ingresos por el impuesto específico aumentarían una vez que se establezca en 2018 un nuevo nivel mínimo para todas las mineras del país. Sin embargo, el nuevo esquema no se puede imponer a las empresas que dispongan de la invariabilidad tributaria de doce años firmada en 2005.
