Archivada una querella de la sargento del Seprona de Lanzarote contra sus superiores
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado una querella presentada por la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, contra el general jefe de zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Sánchez Medina, y el excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas Ricardo Arranz, al estimar que “no han quedado acreditados los hechos” para sustentar una acusación por prevaricación.
La jueza María Ángeles Zabala considera que ni Arranz ni Sánchez han incurrido “en ninguna infracción de la normativa vigente”, después de que ambos le impusieran una sanción leve a Moreno en 2017 por una supuesta “falta de respeto” a un ciudadano durante la celebración de un Consejo Insular de Caza, según recoge el auto.
Aunque esta sanción fue anulada por el Tribunal Militar Territorial de Tenerife, la jueza entiende que este hecho no implica que la resolución “sea prevaricadora”. Además, tampoco considera que se la pueda tildar como “arbitraria”, pues el mismo órgano “ni tan siquiera acordó deducir testimonio por un supuesto delito de prevaricación”.
Y añade que ante esta decisión, el fiscal jurídico militar presentó un escrito ante el Tribunal Militar Territorial de Tenerife, reclamando que se confirmase la resolución sancionadora porque, a su juicio, la sargento “tuvo un modo incorrecto de proceder”, pues “con su pregunta” al ciudadano “sembró sobre el responsable de la protección de un espacio público una sospecha de actuar de forma irregular”.
Además, la jueza explica que es necesario “el filtro de la jurisdicción contencioso-administrativa” para que una querella sea admitida a trámite y “no consta” que la querellante haya agotado esta vía, sino que ha acudido directamente a la vía penal.
La defensa de Moreno ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante el mismo juzgado, según recoge la Cadena Ser, pues sostiene que los argumentos expuestos son contrarios a la tutela judicial efectiva, al mismo tiempo que defiende que existe una grabación del acto que demuestra, según su versión, que no se produjo ninguna falta de respeto.
La sargento mantiene abiertas dos causas, una contra sus superiores y otra con sus propios subordinados. Además, este mes se sentará en el banquillo de los acusados con una petición de cuatro años de cárcel por un presunto delito de falsedad documental.
